El Carnaval de Mérida dejó fotografías, conciertos, desfiles y una cifra que ahora empieza a provocar más interés que cualquier artista contratado. El Cabildo había autorizado 51 millones de pesos para la organización de la fiesta, pero posteriormente se conoció que el Ayuntamiento erogó alrededor de 25 millones adicionales a través de la Dirección de Identidad y Cultura para contratar cinco espectáculos musicales.
La suma ronda los 76 millones de pesos, una cantidad suficientemente grande como para que la ciudadanía tenga derecho a preguntar hasta por la última coma de los contratos.
El regidor de Morena Adrián Gorocica Rojas expuso públicamente que las contrataciones se realizaron mediante adjudicación directa y dio a conocer montos que difícilmente pasan desapercibidos. María León y Yahir representaron un contrato de 4 millones 299 mil pesos, Yuri uno de 2 millones 744 mil, Piso 21 uno de 6 millones 739 mil 600, Grupo Cañaveral uno de 6 millones 313 mil y Calibre 50 uno de 4 millones 303 mil pesos.
Y justo cuando comienzan las preguntas aparece Lourdes Gabriela Chan Pérez, actual jefa de Adquisiciones y Contratos del Comité del Carnaval. Su nombre no aparece de la nada, pues desde 2008 ha ocupado cargos relacionados con la operación de comparsas, eventos, administración y contratos, además de haber sido encargada del Despacho del Instituto Promotor de Ferias en 2022.
Ahora toca revisar qué hizo cada quien y hasta dónde llegó cada responsabilidad. Porque en el servicio público siempre resulta curioso que para gastar millones haya una ruta administrativa perfectamente trazada, pero cuando llegan las preguntas parezca que todos estaban solamente disfrutando del concierto.
Hasta ahora no existe, con la información planteada, una responsabilidad o irregularidad acreditada contra Chan Pérez por el simple hecho de ocupar el cargo. Sin embargo, su área sí resulta relevante para conocer cómo se procesaron las adquisiciones y contrataciones del Carnaval.
A esto se suma la versión política de que respondería a Valery Amador, exjefa de despacho de Renán Barrera Concha, y que ambas habrían heredado una estructura de Abril Ferreyro. También circulan señalamientos sobre gastos en restaurantes de España y Miami y sobre excursiones de pesca en Alaska.
Son versiones que requieren pruebas antes de convertirse en acusaciones. Si los gastos no tienen relación con dinero público, el asunto debería quedar aclarado. Si alguien pretende demostrar lo contrario, tendrá que llevar documentos a la mesa.
Porque después de una fiesta de casi 76 millones de pesos, pedir explicaciones no debería considerarse una falta de espíritu festivo. Quizá sea simplemente una consecuencia bastante lógica de haber gastado dinero público.

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