La implementación de la CURP biométrica ha generado incertidumbre entre la población sobre su obligatoriedad. Aunque el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece este documento como un medio de identificación obligatorio, el Gobierno de México precisó que su trámite dependerá de la decisión de cada ciudadano.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el registro de datos biométricos no es forzoso, por lo que no habrá sanciones para quienes decidan no realizar el trámite, ni en abril ni en cualquier otra fecha. Esta postura busca reducir la confusión generada tras la publicación del decreto.
No obstante, la normativa señala que la CURP deberá utilizarse de manera obligatoria en trámites y servicios. Según el artículo 91 Bis, tanto dependencias públicas como empresas privadas estarán obligadas a solicitar este documento como parte de sus procesos administrativos.
Las sanciones, sin embargo, no recaen en los ciudadanos, sino en las instituciones que incumplan con esta disposición. Estas podrían enfrentar multas que van de 10 mil a 20 mil UMA, equivalentes en 2026 a entre 1.1 y 2.3 millones de pesos.
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